Una de las principales demandas de las movilizaciones feministas de 2018 fue terminar con el acoso. Aunque se visibilizó el acoso callejero y el que ocurre en las aulas, el que sufren las mujeres en sus trabajos no es fácil de enfrentar: el miedo de víctimas y testigos a perder el empleo y la revictimización que sufren las afectadas durante el proceso judicial, desalientan la denuncia. Entre 2018 y 2020 en Chile se registraron 1.597 denuncias por acoso sexual laboral en el sector privado. En el sector público, se contabilizaron 225 entre 2018 y 2019 (los datos de 2020 aún no están disponibles). El año pasado, en medio de la pandemia, la Dirección del Trabajo recibió 279 denuncias.

Natalia Espinosa es profesora y música de profesión. En 2016 entró a trabajar al orfeón de Carabineros y recorrió Chile con sus compañeros. Hasta se viralizó en redes sociales un video en el que interpreta “Atrápame”, de Mon Laferte. Ella denuncia que, al tiempo en que se volvía una de las atracciones del orfeón, comenzó a sufrir bullying y acoso sexual. “Los maltratos comenzaron inmediatamente. No les gustó que tuviera estudios y supiera más que ellos. No denuncié hasta que colapsé”, dice la ex cabo primera de Carabineros.

Ella relata que constantemente fue acosada por un suboficial: «Me acorralaba en los pasillos, me agarraba la cintura, me rozaba por un lado y me arrinconaba tras bambalinas en los conciertos. Una vez me siguió camino a mi casa», dice. «Él no entendía cuando le decías ‘no’». Además, durante las giras, otros colegas la invitaban a salir o le hacían insinuaciones de manera insistente.

En 2019 no soportó más. Una acusación infundada, dice, marcó el límite: “Un capitán me trató de borracha, por no llegar a tomar desayuno en una gira, sin siquiera tener pruebas”. Denunció por primera vez a un superior y su caso pasó a la fiscalía interna de Carabineros. Aunque su denuncia fue por acoso laboral, ella había sufrido acoso sexual en el trabajo. Durante la indagatoria, cuenta, algunos de sus compañeros que iban a testificar a su favor fueron amenazados: “No logré nada”. Terminó sancionada por no tomar desayuno. Renunció en enero de 2020: “Me quedé tranquila esperando a mi bebé que venía en camino y con tratamiento psicológico para salir del estado traumático en que me habían dejado”.

Este caso de acoso sexual laboral es uno de los cientos que son denunciados por trabajadoras chilenas y que no llegan a ninguna parte, después de meses y hasta años de investigación, principalmente por el temor de los eventuales testigos a perder el empleo, dejando la carga de la prueba exclusivamente sobre la afectada. Eso sin contar la cifra negra de casos que no se denuncian, por el temor de la mujer a la cesantía y la estigmatización social.

A tres años del estallido feminista de 2018 –que incluyó la demandar de una vida libre de acoso en las calles, en el hogar y en el trabajo–, CIPER analizó las cifras de acoso sexual laboral que figuran en los registros de la Dirección del Trabajo (DT), que recibe las denuncias del sector privado, y del Servicio Civil, que lleva los casos del sector público. Entre 2018 y 2020 ingresaron 1.597 denuncias en la DT. En 2020, en medio de la pandemia, la DT recibió 279. En tanto, en el sector público se contabilizaron 225, pero solo entre 2018 y 2019, pues aún no hay cifras consolidadas de 2020.

Del total de denuncias recibidas por la Dirección del Trabajo solo en el 60% (986) quedó registrado que la afectada es mujer, en el 35% de los casos no se identificó género y en el 4% se informó que el reclamante era hombre. En el sector público, según el registro del Servicio Civil, el 93% de las denuncias fueron hechas por mujeres.

Estas cifras “son sólo la punta del iceberg”, según la diputada Alejandra Sepúlveda (FRSV), integrante de la Comisión de Trabajo. “El acoso sexual es todavía una denuncia difícil de abordar, porque cuando eso ocurre vienen represalias como despidos. Hay mucha cifra negra en esto y de a poco hay que sacarlo”, dice la parlamentaria.

RADIOGRAFÍA AL SECTOR PRIVADO

El organismo que lleva de forma más expedita la contabilización de los casos de acoso sexual laboral es la Dirección del Trabajo. En los últimos tres años en el sector privado se contabilizaron 1.597 denuncias. De ellas, 522 en 2018, 588 en 2019 y en 2020 –un año marcado por la pandemia, el teletrabajo y la cesantía– se registraron 487.

El 40% de estas denuncias (648 casos) son de la Región Metropolitana (242 en 2018, 236 en 2019 y 170 en 2020). La segunda región con mayor cantidad de denuncias es la de Valparaíso (174 en total entre 2018 y 2020). Le siguen Biobío (122 denuncias en el mismo periodo) y Antofagasta (102).

Más de la mitad de las denuncias registradas en la Región de Antofagasta se concentraron en 2020, con un total de 56 casos en medio de la pandemia, convirtiéndose en la segunda región con más denuncias el año pasado. Si se observa la distribución por rama productiva, fueron las denuncias en el área de “Explotación de minas y canteras” las que se triplicaron en Antofagasta entre 2019 y 2020, registrándose un total de 23 denuncias durante el año pasado en dicha área.

Este incremento en la Región de Antofagasta llama la atención de la socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, Tatiana Hernández. “Uno tendería a pensar que el acoso sexual disminuyó en todo sentido en 2020 y en Antofagasta aumentó la denuncia. Eso no significa que haya aumentado el acoso sexual, sino que aumentó la denuncia”. Cabe destacar que durante la pandemia la minería y sus servicios asociados fueron considerados esenciales y el sector se mantuvo activo.

Tatiana Hernández explica que las cifras de acoso se tienden a concentrar en “trabajos masculinizados, donde las mujeres siguen siendo vistas como ‘otras’. El mensaje con el acoso sexual a las mujeres es que son intrusas en el lugar del trabajo, son deshumanizadas y por ende, sujetas de dominación”.

En cuanto a la distinción por rama económica, en los últimos tres años el 16% de las denuncias en el sector privado se concentraron en “Actividades de servicios administrativos y de apoyo”, al igual que en el sector del “comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas”. La industria manufacturera es la tercera área con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años, concentrando el 8,5% de los requerimientos que ingresaron a la Dirección del Trabajo, correspondientes a 137 denuncias.

La Dirección del Trabajo llevó a cabo 1.491 fiscalizaciones por acoso sexual en los últimos tres años. En el 45,2% de los casos cursó sanciones contra los empleadores. En el periodo analizado por CIPER, la DT cursó 109 sanciones a las empresas por no adoptar medidas que resguardaran a las víctimas y 86 por no investigar las denuncias de sus trabajadores.

Para María Cristina Díaz, directora de la Red de Apoyo Acoso Laboral Galia Díaz, uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas de acoso sexual laboral a la hora de denunciar ante la DT o cuando se llega a demandar por tutela en el Juzgado Laboral, es que “es extraordinariamente difícil tener testigos que declaren en contra de su jefe. La gente que rodea a una persona afectada, prefiere no ver ni escuchar nada que los pudiera comprometer en una situación que ponga en riesgo su futuro laboral”.

Línea que respalda la directora del Trabajo, Lilia Jerez Arévalo, quien destaca que, a pesar de que en la DT tienen un equipo especializado para indagar estas denuncias, el principal problema “es del tipo probatorio, toda vez que las conductas acosadoras suelen ocurrir en lugares cerrados y sin presencia de otras personas”.

SECTOR PÚBLICO: FALTA DE TRANSPARENCIA

Frente a las masivas manifestaciones y tomas feministas de 2018, el Presidente Sebastián Piñera amplió la “Agenda Mujer” que llevaba la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. En dicha agenda, se exigió a la Administración Central del Estado la elaboración de Protocolos de Abuso y Acoso Sexual que se hicieron en todos los organismos públicos.

El Servicio Civil quedó como encargado de sistematizar el número de denuncias recibidas anualmente, para lo que dispuso una plataforma en la que los organismos ingresan las cifras de acoso sexual que tramitan internamente. En el periodo 2018-2019 el Servicio Civil recibió un total de 225 denuncias, lo que equivale a un 0,05%, de la dotación total de la administración central del Estado. El servicio aún no cuenta con los datos de 2020, ya que depende de que cada servicio entregue sus cifras internas y el proceso ha sido más lento que en años anteriores por la pandemia.

Además, la nueva agenda de género incluyó que los servicios públicos realizaran “actividades de sensibilización para los funcionarios y funcionarias”. Entre 2018 y 2019, 88.812 personas habrían participado en estas acciones de sensibilización, de las cuales más del 60% fueron mujeres.

En todo caso, los datos del Servicio Público no incluyen a las municipalidades, ya que para ellas no es obligatorio el manual de buenas prácticas laborales que rige para la administración central del Estado, que define cómo abordar las denuncias por acoso sexual.

Ante un caso de acoso en el sector público, las víctimas deben presentar una denuncia en la repartición en la que trabajan y el proceso sigue el protocolo que cada servicio instauró. La mayoría, como en el caso de la ex cabo Natalia Espinoza, son investigados por fiscalías u organismos internos. “En las fiscalías internas las investigaciones son muy lentas, siempre hay retrasos. Además, no tienen una perspectiva de género para analizar los casos”, revela la jefa del área de género de una universidad pública, encargada de recibir las denuncias de acoso sexual laboral en esa institución, quien pide la reserva de su identidad.

“Hay problemas jurídicos que no dependen de las instituciones, cómo la carga de la prueba. Muchas veces, no tienes cómo acreditar que un colega te tocó los senos y todos los testigos se echan para atrás. Finalmente, no tienes cómo probar el acoso”, agrega la funcionaria.

Para Virginia González Miranda, dirigenta de la Confusam de La Pintana y encargada de género de una asociación de trabajadores de la atención primaria de salud, uno de los principales problemas que se repiten en distintas divisiones públicas es que no se cumplen los plazos establecidos en los protocolos: “Tuvimos una denuncia de acoso sexual a fines del 2019 y finalmente la funcionaria se fue de la comuna y nunca ha tenido respuesta”.

La dirigenta destaca que, según estudios de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), se ha detectado que la principal causa de violencia a nivel mundial hacia la mujer en los servicios públicos es el acoso sexual en el trabajo y luego la violencia hacia la maternidad. “Hicimos un manual para prevención de la violencia hacia la mujer en los puestos de trabajo el año 2014, pero ha sido muy difícil canalizar las denuncias y que tengan solución”.

Un funcionario y dirigente del Ministerio del Interior, reconoce que “es muy poca la gente que denuncia acoso sexual. En general, lo que ocurre administrativamente es que se inicia un sumario o investigación sumaria y cuando esto es en contra de una jefatura, siempre estás en desventaja. Ya es súper difícil que la gente denuncie el acoso laboral y en el caso del sexual, más todavía”.

La directora del Servicio Civil, Solange Garreud, asegura que su institución ha colaborado con distintos organismos públicos para implementar protocolos para casos de acoso sexual: “El desafío, como Estado y como sociedad, es seguir trabajando para prevenir la ocurrencia de este tipo de conductas. ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado es a denunciar. Las mujeres no están solas”.

LA REVICTIMIZACIÓN

En 2019, la diputada del Partido Comunista Marisela Santibáñez denunció que fue víctima de acoso sexual al interior del Congreso. Ella señaló que recibió mensajes con contenido sexual e insinuaciones de un asesor del diputado Jaime Mulet. Cuando ocurrieron los sucesos que relata la parlamentaria, aún no existía el protocolo de acoso y abuso sexual en la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que habló directamente con el jefe del asesor. “Mulet lo sacó de su equipo. No era mi intención dejar a alguien sin trabajo, pero me pregunto cuántos no han salido de sus equipos ante este tipo de denuncias en el Congreso”, dice la diputada.

Desde que se aprobó el protocolo de acoso y abuso en la Cámara de Diputados, sólo se ha registrado una denuncia oficial. Pero las diputadas temen que aún no haya la confianza necesaria para denunciar. “Hay casos que a veces quedan sólo como rumores, pero nadie ha denunciado. Puede ser por el temor que aún significa denunciar”, señala una diputada.

En 2020 al interior del Poder Judicial se realizó una denuncia contra Alex Muñoz Prado, administrador nacional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por conductas impropias hacia sus subalternas entre 2017 y 2019, las que incluían comentarios de índole sexual y aproximaciones indebidas en el contexto laboral. Tras la acusación, el funcionario fue expulsado por la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero la Corte Suprema revirtió la medida porque consideró que el acusado no incurrió en acoso sexual, debido a que no hizo un “requerimiento” para “obtener favores sexuales no consentidos”, según señala la sentencia que fue revelada por La Segunda.

Sólo dos años antes, la Asociación de Magistradas Chilenas había realizado una campaña titulada “El Poder Judicial no acepta el acoso sexual”. El 22 de octubre de 2020 la  Asociación de Magistrados y Magistradas emitió una declaración, sobre el fallo de la Suprema en el caso de Alex Muñoz, lamentando la “brutal incongruencia entre la promoción de una política de igualdad de género y no discriminación y la calificación que el último tribunal revisor efectúa, al desestimar que expresiones dirigidas hacia mujeres en el contexto de sus relaciones laborales no constituyan acoso. Lamentamos que a pesar de los esfuerzos, el trabajo de las mujeres dentro del Poder Judicial continúa siendo inseguro”.

En su experiencia como abogada laboralista y ex presidenta del Consejo Superior Laboral, Claudia Donaire destaca que los casos más dramáticos de acoso sexual en el trabajo se dan en dos áreas. Por un lado, en el empleo doméstico, debido a que existe “una dramática informalidad, dependencia económica de los trabajos y debilidad de la fiscalización”, ya que la Dirección del Trabajo debe entrar a un hogar. El segundo sector es el de las Fuerzas Armadas, pues las víctimas son tratadas en hospitales institucionales donde muchas veces son revictimizadas.

MEDIDAS URGENTES

A pesar de los vacíos en el sistema y las normas para prevenir e investigar el acoso sexual en el trabajo, no parece ser un tema presente en las urgencias en materia de legislación laboral, lo que deja varios temas que a juicio de especialistas están pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es que a pesar de que existe una legislación especial para tipificar el acoso sexual laboral, se le separa del acoso laboral en sí mismo. Esto, a pesar de “que van de la mano, uno conlleva al otro”, explica la abogada Claudia Donaire.

Para la diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera, lo más importante es que los funcionarios encargados de recibir y procesar estas denuncias tengan formación en materia de perspectiva de género. Esto, dice, para que su actuación esté “enfocada a la empatía por la víctima y su situación de vulnerabilidad. Y en ello hay aspectos como el lenguaje, un espacio físico acondicionado en que se oye y recibe la denuncia, son muy relevantes”.

Actualmente en el Congreso no existe un proyecto de ley que trate específicamente sobre el acoso sexual en el trabajo, salvo una iniciativa que sanciona estas conductas en el ámbito académico y que surgió a sugerencia de estudiantes y profesoras de educación superior, tras las movilizaciones de 2018. La iniciativa, que actualmente es revisada por el Senado, propone hacer reformas a normas laborales contenidas en el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y leyes especiales, para establecer un protocolo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, más la reparación de las víctimas.

Una de las urgencias que advierten todas las especialistas, respecto del acoso sexual y laboral, es que el Estado ratifique el Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo, como ya lo han hecho Argentina y Uruguay. El convenio marca una ruta que coordina “la legislación laboral con todas las legislaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo”, explica la abogada Claudia Donaire. Y también obliga al Estado a asegurarse de “contar con instituciones que se preocupen de que las soluciones funcionen”.

Fuente: Ciper