Tras la “ola feminista” iniciada en 2018 se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer, se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del femicidio, A pesar de esto, los femicidios no han descendido y los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. CIPER analizó los casos de los años 2018 a 2020 y el estado de esas causas. De un total de 131 femicidios reconocidos por SernamEG, sólo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. En el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. En 2020, en medio de la pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto en los últimos ocho años.

Muriel Mazuelos había vuelto al colegio y se preparaba para terminar sus estudios de enseñanza media en la modalidad 2×1. La joven soñaba con estudiar maquillaje y todos los días pasaba a ver su mamá, Olga Valenzuela, después de clases. El 30 de octubre de 2017 fue asesinada por Cristián Silva Vásquez, su pareja, con quien convivía en Puente Alto. “Tres años y cinco meses han pasado”, dice Olga, quien espera con ansias que este mes al fin se inicie el juicio por el femicidio de su hija.

 

El caso de Muriel es el último en la lista de 32 mujeres víctimas de femicidio reconocidas por el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) en 2017. Un registro que a pesar de las movilizaciones feministas de 2018, la visibilización de la violencia contra la mujer y una serie de políticas públicas para su prevención, siguió en aumento. En 2018 se registraron 42 femicidios, en 2019 fueron 46 y en 2020, 43. En total, 131 mujeres fueron víctimas de femicidio en esos tres años, según el registro oficial del Servicio Nacional de la Mujer. A ellas se suman los siete casos que se han registrado en lo que va de este año. En total: 138 víctimas.

Además, durante el 2020 se registró la cifra más alta de femicidios frustrados desde 2013: 151 mujeres fueron víctimas de este crimen, mientras que en 2019 se registraron 109 y en 2018 hubo 121. En suma, en los últimos tres años se han registrado 381 femicidios frustrados.

Los niveles de violencia homicida contra las mujeres persisten sin grandes variaciones, a pesar de los cambios culturales promovidos por las movilizaciones feministas, las políticas para denunciar la violencia de género y las reformas para fortalecer su persecución penal y ampliar la tipificación del delito de femicidio. Una de las fallas más repetidas por especialistas es que estos delitos se siguen investigando como homicidios o intentos de homicidio comunes y no con una perspectiva de género. Los fiscales y policías no indagan sobre eventuales episodios previos de violencia y, por lo mismo, muchas muertes en circunstancias poco claras o que aparentan ser suicidios, se cierran sin explorar la posibilidad del femicidio.

CIPER analizó las características y avances de las causas judiciales de las 131 víctimas de femicidio, a tres años de la Ola Feminista de 2018. Para ello, se usó como base el registro de casos elaborado por la Red Contra la Violencia contra la Mujer, cruzando esos datos con la lista de femicidios reconocidos por SernamEG y la información del Registro Unificado de Causas del Poder Judicial hasta el 21 de febrero pasado.

De estos 131 femicidios sólo el 14,5% (19 casos) ha sido resuelto judicialmente, mientras que el 51,1% (67) se mantiene en curso y un 6,8% (9) está suspendido. De los registrados en 2018, solo 13 han sido resueltos, mientras que en los de 2019 seis casos figuran como “concluidos”. Y hasta fines de febrero ninguna causa de 2020 había sido resuelta. En cuanto a las indagatorias que se mantienen en curso, ocho corresponden al 2018, 22 al 2019 y 36 al 2020. De los inculpados, el 67% se encuentra en prisión preventiva o cumpliendo condena y uno con arresto domiciliario nocturno.

En el 29% de los casos los acusados de femicidio se suicidaron lo que provocó el sobreseimiento de la causa antes de dictar sentencia. Sólo en tres casos la justicia declaró culpable a un imputado antes de que se quitara la vida. Una ex autoridad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, advierte que esta cifra ha ido en descenso, ya que en años anteriores los suicidios entre presuntos femicidas llegaban al 50% de los casos anuales.

Respecto de su distribución geográfica, el 29% de los femicidios registrados en los últimos tres años se produjeron en la Región Metropolitana. Las comunas de Colina, Puerto Montt y Valdivia, concentran la mayor cantidad de femicidios, con cuatro casos cada una entre 2018 y 2020. Son seguidas por Maipú, Santiago y Valparaíso, que registran tres femicidios en los últimos tres años.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, reconoce que la violencia contra las mujeres “es una herida abierta” en Chile. “Pese al esfuerzo de los distintos gobiernos en la última década, no hemos logrado disminuir los femicidios que ocurren año a año. Tenemos la convicción de que lo que requerimos es más y mejor coordinación de todas las instituciones que intervienen, tanto en la prevención como en la atención de situaciones de violencia”.

DEBILIDADES DEL SISTEMA

“La única forma en que las mujeres víctimas de violencia estén seguras es que los victimarios estén presos”. Esa es la conclusión a la que llegó una ex autoridad del Ministerio de la Mujer, quien constató durante su periodo que “los victimarios no son sensibles a los medios disuasivos”. Hasta 2018, tres de cada 10 mujeres víctimas de femicidio habían tenido una medida cautelar para su protección y, según estimaciones del SernamEG, un tercio de las mujeres víctimas había denunciado.

Según los datos analizados por CIPER esta tendencia se mantiene. De los 131 casos analizados, el 36,6% de las víctimas había hecho una denuncia previa y varios de los imputados figuraban hasta con órdenes de alejamiento al cometer el crimen. En 2018 el 45% de las mujeres había denunciado a su agresor antes de ser víctima de femicidio; en 2019 lo había hecho un 36% y en 2020 la cifra bajó a 25%. Según estimaciones del SernamEG, en la última década casi un tercio de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su victimario.

Pero el sistema no sólo no evita que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar mueran, sino que sus casos no siempre han sido reconocidos como femicidios por las instituciones. Desde 2001 la Red Chilena contra la Violencia realiza un conteo paralelo de las mujeres víctimas de femicidio que a su juicio no han sido reconocidas por las autoridades. Desde 2016, esta red registra 94 muertes de mujeres en circunstancias aún no aclaradas por el Ministerio Público. Según su registro, entre 2018 y 2020 habrían ocurrido 48 femicidios no reconocidos. La cifra incluye cuatro casos de “suicidios femicidas”, de mujeres que fueron víctimas de violencia de género. Entre estos casos se incluye a Antonia Barra, cuya muerte es investigada por la fiscalía.

Isadora Castillo, investigadora de La Red Contra la Violencia, dice que en este conteo alternativo se incluyen “investigaciones que han estado marcadas por largos procesos sin avance, ejemplo de ello son los casos de Nicole Saavedra, Marta Bustos y Fernanda Maciel. Y también hay causas en donde se da un término apresurado a la investigación, determinando suicidio o muerte en circunstancias poco claras”.

En la última década se hicieron dos modificaciones al Código Penal en materia de femicidio. En 2010, la Ley 20.480 tipificó el femicidio en Chile, reduciéndolo a una relación familiar y de convivencia entre la víctima y el victimario. Diez años después, se publicó la Ley 21.212, conocida como Ley Gabriela, que amplió el marco legal más allá de la relación de pareja, introduciendo la violencia de género como motivo para matar a una mujer.

“Si bien esta modificación al Código Penal representa un avance, pues busca acercarse más a la definición feminista de femicidio, que estos crímenes sean o no concebidos como tal por la institucionalidad dependerá de la interpretación y de la investigación que efectúa el Poder Judicial”, señala Isadora Castillo de La Red contra la Violencia.

El 5 de enero de 2017 ingresó al Congreso un proyecto de ley que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín Nº 11.077-07) y tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y regular mecanismos de protección, justicia y atención a víctimas.

La iniciativa fue aprobada por los diputados en enero de 2019 y por los senadores en junio del mismo año. Se aprobó transversalmente, salvo por las abstenciones de los senadores UDI Juan Antonio Coloma, Luz Eliana Ebensperger y Jacqueline Van Rysselberghe, y del senador RN Rodrigo Galilea, quienes acusaron que imponía la “ideología de género”. El proyecto está siendo revisado por la Comisión de Constitución, junto a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, del Senado.

La senadora Marcela Sabat (RN), integrante de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, califica al proyecto como “determinante, pues establece un nuevo marco para la prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo violencia. Creemos firmemente que la violencia de género se combate con prevención, con cambios culturales y, si bien lo punitivo colabora, no puede estar por encima de otros puntos”.

Para la abogada especialista en femicidios, del estudio AML Defensa Mujeres, Paloma Galaz Lillo, es importante que se avance en la instalación de una perspectiva de género integral en los distintos niveles del proceso judicial. Según la abogada, actualmente el proceso es “tremendamente revictimizante para las familias (de las víctimas), personas cercanas e incluso la sociedad. La exposición de las familias es tremenda, debiendo escuchar, leer o vivenciar cuestionamientos, sesgos y prejuicios de género en contra de las mujeres y niñas que son víctimas”.

El proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de las víctimas de femicidio, iniciativa de la diputada Karol Cariola, es respaldado por la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. “Nosotros quedamos en un total desamparo después de que nuestras familiares fueron víctimas”, asegura Julieta Riveros, vocera de la agrupación.

El objetivo del proyecto es evitar la revictimización de las familias, que el Estado apoye la atención y cuidado de los hijos e hijas de las víctimas, y evitar que los femicidas accedan a beneficios en calidad de pareja sobreviviente de la mujer a quien mataron. Además, busca reducir a 24 horas el periodo de desaparición de las mujeres para que se inicie su búsqueda. La iniciativa podría comenzar su trámite legislativo este año.

LA RUTA DE LAS FAMILIAS

Marcia tiene un pequeño fénix tatuado en su cuello: “Me lo hizo una amiga de mi Silvi, la misma niña que la tatuaba a ella”. Lo lleva con orgullo porque dice que representa una nueva etapa en su largo transitar de dos años buscando justicia para su hija, Silvana Garrido, víctima de un femicidio que no está incluido en las estadísticas del SernamEG.

Hace una semana se cumplieron dos años de su muerte, tras caer desde el piso 23 del edificio en que vivía junto a su pareja, en Recoleta. Según revelaron vecinos, antes de su muerte se habrían escuchado gritos y una fuerte discusión. “Hasta llamaron a Carabineros de violencia intrafamiliar, pero no llegaron”, dice Marcia.

Una de las primeras hipótesis que barajó la policía en el caso de Silvana fue el suicidio y su pareja aparecía como principal testigo. Pero los cercanos a Silvana, rechazaron esa tesis desde un inicio.

Marcia recuerda que días después de la muerte de Silvana se presentó ante la PDI: “El comisario me trató de culpar a mí de la muerte de mi hija. Ahí me di cuenta de que ese tipo me empoderó, porque yo estaba en pleno dolor por mi hija y él me culpó”.

En estos dos años, Marcia ha logrado construir una red de apoyo, sostenida por las amigas de Silvana y agrupaciones de mujeres. “Es doloroso que te maten a tu hija, pero te levantas, te reconstruyes y empiezas a mirar como más allá”. Está decidida a comenzar una iniciativa que vaya en apoyo a las madres, “aún no sé bien qué, pero siento que hay que hacer algo. Cuando pase la formalización sé que lo tendré más claro”, dice Marcia.

A pesar de la demora en la resolución del caso, Marcia Urdiles está tranquila y recalca la relevancia del trabajo que está realizando la fiscal Paula Rojas Richard. Se trata de una fiscal que sí incorpora la perspectiva de género en este tipo de casos. “Nosotros fuimos unos premiados con nuestra fiscal. Ella es humana, pedíamos audiencia y al tiro respondía. Si hubieran tres fiscales como ella, pucha que sería bonito”, dice la mamá de Silvana.

Olga Valenzuela, la madre de Muriel Mazuelos, dice que no tuvo la misma suerte. Ella trata de mantenerse al día sobre el caso de su hija. Al principio, envió solicitudes pidiendo audiencias con la fiscal, Yasne Pastén. “Nunca me dieron una audiencia, hasta que mi abogado las pidió”, asegura.

Para Olga lo más complejo de estos años ha sido el trato que le han dado en la Fiscalía Metropolitana Sur: “Imagínese, la otra vez con mi abogado estuvimos 45 minutos esperando. Mi abogado dijo ‘ya es mucho’. La fue a buscar y, claro, la fiscal no estaba”. Dice que su última comunicación con la fiscal fue a fines de diciembre pasado, vía telefónica: “Me dijo que en marzo habría noticias (del inicio del juicio), porque en febrero tenía que tomar vacaciones”.

A diferencia del trato que ha experimentado en la Fiscalía, Olga destaca la experiencia que ha tenido con los funcionarios del SernamEG, su abogado, Sebastián Farías, y el equipo de psicólogos que la acompañó durante la formalización del caso.

En la Fiscalía Metropolitana Sur señalaron que la fiscal Yasna Pastén se encontraba con feriado legal. En su reemplazo, Darío Sanhueza, abogado asesor de la fiscalía, señaló que Pastén ha accedido a todas las solicitudes realizadas por los familiares y que el imputado está en prisión preventiva desde octubre de 2017:

-La mamá de la víctima ha tenido activa participación en la causa y además fue derivada a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, para la atención y apoyo en la red asistencial del Estado, tanto jurídico, como psicologico. No existe discriminación ni falta de atención o de trato digno -respondió Sanhueza.

Otro caso en que la familia de la víctima estima que las instituciones no le han dado un trato adecuado es el de Katherine Cárcamo (26 años), quien hasta ahora no aparece como víctima de femicidio en los registros oficiales. Ella apareció muerta el 17 de diciembre de 2020 en la vía pública, en Renca. Estuvo un mes como NN en el Servicio Médico Legal (SML), hasta que logró ser identificada y su familia fue notificada por la PDI.

El 8 de febrero, su hermana, Javiera Cárcamo, protestó en la plaza de Renca para visibilizar su muerte. Ella denuncia que Katherine fue amenazada de muerte por su expareja y que en octubre fue agredida con un cuchillo, razón por la que el hombre habría estado detenido dos días. “La última vez que la vi me dijo ‘si algo me pasa, ten por seguro que fue él, porque es el único que me ha estado siguiendo estos días’”, recuerda Javiera.

Producto de esa misma relación de pareja, Katherine estuvo viviendo en la calle, pero en 2020 comenzó a ir más seguido a casa de su hermana y su mamá, quienes cuidan a su hijo. En ese tiempo, cuenta Javiera, la expareja de su hermana se volvió más agresiva: “Un día le pegó, la dejó muy mal y mi hermana se quiso alejar de él”. Katherine lo denunció por violencia intrafamiliar y logró una orden de alejamiento, pero, según Javiera, la ex pareja seguía yendo a la casa a buscarla.

Tras separarse, Katherine estuvo viviendo con una amiga y trabajaba de vendedora ambulante. Seguía visitando ocasionalmente a su familia, hasta que en noviembre de 2020 dejó de ir. Pero, como Katherine solía desaparecer por tiempos, Javiera no puso la denuncia por presunta desgracia: “De eso me arrepiento”.

Javiera siente que el trato que le han dado las instituciones al caso de su hermana no ha sido bueno. Dice que cuando trató de recabar información en la Fiscalía, “nos dijeron que teníamos que hacernos partícipes de la causa, que no nos podían dar detalles porque a mi hermana la habían encontrado como NN”.

El caso de Katherine fue destinado a la División de Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El SML no pudo determinar la causa de muerte, debido al estado de descomposición en que hallaron su cuerpo, por lo que aún no puede ser investigado como femicidio. En la fiscalía explican que a partir de la declaración de la madre se dio orden de investigar al OS9 de Carabineros y se solicitó un examen histológico y toxicológico para tratar de determinar la causa de muerte. Pero eso puede tardar, debido a la alta demanda que tiene el SML en estos momentos.

Javiera seguirá insistiendo para que su muerte pueda ser investigada como un femicidio y sea reconocida entre las víctimas de violencia contra la mujer.

El conteo de mujeres víctimas de violencia que han terminado muertas no deja de avanzar. Ad portas de la conmemoración del 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ya son siete las mujeres que han sido víctimas de femicidio en lo que va de 2021. Las familias de Ariana Bravo, Bartolita Paredes, Mariana Milla, Yorka González, Herlin Montaño, Estefanía Breve y Kimberly Ugalde, recién inician un largo camino en busca de justicia.

Fuente: Ciper